Madrid fue una de las comunidades que, al entrar en vigor el copago farmacéutico el 1 de julio pasado, aún no estaban preparadas para que las farmacias supieran cuándo un pensionista llegaba a su tope mensual de aportación (8, 18 o 60 euros, en función de la renta) y por tanto había que dejar de cobrarle los medicamentos. La región carecía entonces, y también ahora, de receta electrónica, por lo que no existía un sistema automático que permitiera dejar de cobrar una vez alcanzado el límite, como sí se hizo, por ejemplo, en Andalucía. En julio y en agosto los pensionistas pagaron el 10% del coste de sus fármacos sin límite. El resultado es que la Comunidad de Madrid les cobró indebidamente 2,3 millones de euros en esos dos meses.
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