El Tribunal General de la Unión Europea (UE) ha confirmado este martes la reducción de los fondos regionales europeos concedidos a Andalucía entre 2000 y 2006 para el desarrollo de una tarjeta sanitaria electrónica, con motivo de las irregularidades detectadas en la asignación de los contratos para dicho proyecto. la irregularidad consistía en lo de siempre, el famoso «dedo discrecional», según se desprende de la sentencia se han ortorgado contratos mercantiles a empresas para el desarrollo de funciones o servicios sin publicidad y por tanto sin las garantias necesarias de igualdad y competencia, lo que suponía una violación del Derecho de la Unión Europea, y de cualquier país, en materia de contratación pública.
