La crisis de la sanidad andaluza no se entiende solo contando médicos, camas, contratos o presupuestos. También hay que mirar cómo se organizan los recursos que ya existen. Sería injusto atribuir todos los problemas exclusivamente a la gestión, pero también sería ingenuo aceptar que todo es inevitable por la falta de profesionales, el envejecimiento de la población o el aumento de la demanda asistencial. La realidad es más amplia y exige una respuesta más precisa.
Andalucía presenta dificultades estructurales reales: déficit de profesionales en determinadas categorías, jubilaciones próximas, incremento de enfermedades crónicas, presión creciente sobre los hospitales, listas de espera persistentes y desigualdades territoriales entre zonas urbanas y rurales. Todo ello es cierto y debe reconocerse sin rodeos.
Pero junto a esos factores existe otro ámbito que no puede quedar oculto: el margen de mejora organizativa. Muchas demoras se deben a la falta real de recursos, pero otras nacen de agendas mal diseñadas, teléfonos saturados, circuitos administrativos innecesarios, exceso de burocracia, dificultad para conseguir cita o centros de salud con escasa capacidad para resolver problemas sin derivar innecesariamente al hospital. Son demoras evitables de origen organizativo; demoras que no siempre dependen de contratar más profesionales, sino de rediseñar mejor los circuitos.
Este matiz es fundamental. Una demora estructural exige más recursos. Una demora organizativa exige mejor organización. Y con frecuencia el paciente sufre ambas a la vez.
En tiempos de escasez de profesionales, el tiempo médico debe considerarse un recurso público de primer nivel. Utilizarlo en tareas que podrían resolverse por otros circuitos no es solo una ineficiencia: es una pérdida de capacidad asistencial. Cada minuto médico ocupado por burocracia evitable es un minuto que no se dedica a diagnosticar, prevenir, revisar tratamientos, acompañar a pacientes vulnerables o resolver problemas clínicos.
Para muchos ciudadanos, el deterioro de la sanidad no empieza en un quirófano ni en una consulta hospitalaria, sino mucho antes: cuando intentan conseguir cita con su médico de familia y no lo logran en un plazo razonable. Un teléfono que comunica, una llamada que nadie devuelve, una aplicación sin huecos útiles o una consulta telefónica que no resuelve el problema resumen mejor que muchas estadísticas el malestar de la población.
Los presupuestos se aprueban en los despachos, pero para muchos pacientes la atención sanitaria empieza a jugarse en el tono de llamada de un teléfono. El paciente no vive la sanidad desde los grandes números, sino desde una pregunta sencilla: “¿Puedo ver a mi médico cuando lo necesito?”. Para el ciudadano, esa es la prueba más directa del funcionamiento real del sistema.
Aquí conviene diferenciar accesibilidad administrativa y accesibilidad real. La primera mide huecos, agendas y circuitos internos. La segunda mide algo mucho más importante: si el paciente recibe atención efectiva, en un tiempo clínicamente adecuado, por el profesional adecuado y sin obstáculos desproporcionados. Puede existir una cita en el sistema y no existir una solución útil para el paciente. Puede existir disponibilidad formal y mantenerse una experiencia real de bloqueo.
La Atención Primaria es el corazón del sistema, pero un corazón sobrecargado y burocratizado no puede funcionar con normalidad. En los últimos años ha asumido más cronicidad, fragilidad, dependencia, polimedicación y problemas sociales, mientras sigue soportando una carga administrativa excesiva. Y cuando la Atención Primaria no puede resolver, deriva más; cuando no puede diagnosticar, el problema acaba en urgencias; cuando la puerta de entrada se atasca, todo el sistema se resiente.
Por eso, descargar el hospital no se consigue solo actuando sobre el hospital. También se consigue reforzando la Atención Primaria. Si los centros de salud tienen más capacidad diagnóstica, mejor acceso a pruebas complementarias, comunicación ágil con especialistas y continuidad asistencial real, podrán evitar derivaciones innecesarias y reservar mejor la atención hospitalaria para los casos que verdaderamente la necesitan.
La digitalización puede ayudar, pero no debe convertirse en una nueva barrera. Para muchas personas mayores, pacientes vulnerables o ciudadanos con baja competencia digital, una aplicación puede ser un muro. La tecnología debe abrir puertas, no cerrarlas. Digitalizar una demora no es resolverla; a veces solo la desplaza a un lugar menos visible para quien gestiona. Un laberinto burocrático sigue siendo un laberinto, aunque se navegue desde una pantalla táctil.
El mundo rural merece una atención especial. Comarcas como la Sierra de Cádiz afrontan dificultades propias: plazas difíciles de cubrir, desplazamientos a hospitales de referencia, población envejecida y enorme dependencia del buen funcionamiento del centro de salud. En estos municipios, la distancia al hospital no es un dato en un mapa: son kilómetros de carretera para una persona mayor, un paciente frágil o una familia que tiene que reorganizar su vida para una consulta.
Por eso, un centro de salud con poca capacidad diagnóstica o con una accesibilidad deficiente en el entorno rural no es un problema menor. Se convierte en un factor directo de desigualdad. La equidad sanitaria no consiste solo en reconocer derechos, sino en garantizar que puedan ejercerse de verdad, viva donde viva cada persona.
También es necesario medir mejor. No basta con contar citas, contratos, presupuestos o planes de choque. Hay que medir la demora real para conseguir cita, la continuidad con el profesional habitual, las llamadas no atendidas, las consultas administrativas evitables, las derivaciones innecesarias y las diferencias entre cupos, centros y territorios. Las medias generales pueden ocultar desigualdades profundas.
Y aquí entra la participación ciudadana. Los pacientes conocen barreras que no siempre aparecen en los cuadros de mando. Saben cuándo no entra una llamada, cuándo una cita resulta inaccesible, cuándo una derivación se demora o cuándo una persona mayor se pierde en un circuito digital. Esa información tiene valor sanitario y de gestión. Participar no es escuchar pasivamente lo que ya se ha decidido; participar es poder proponer, contrastar datos y hacer seguimiento de los acuerdos.
Mientras llegan más profesionales, hay medidas que pueden impulsarse ya: revisar agendas, separar demanda clínica y administrativa, mejorar la atención telefónica, garantizar alternativas no digitales, reforzar la continuidad asistencial, aumentar la capacidad diagnóstica en Atención Primaria, reducir trámites, incentivar plazas rurales y medir la accesibilidad real.
Aceptar que existen límites estructurales no debe servir como excusa para la inacción. Al contrario. Precisamente porque faltan profesionales, porque la población envejece y porque la demanda aumenta, cada recurso disponible debe estar mejor organizado.
Porque una sanidad fuerte no se mide solo por los recursos que anuncia, sino por su capacidad para convertirlos en atención real. Y esa atención solo existe cuando llega a tiempo, cerca del paciente y sin obstáculos innecesarios.
Dr. Antonio Rodríguez Carrión
Médico. Presidente del Observatorio de Salud “Especialistas ¡YA!”
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